viernes, 30 de diciembre de 2011

Decreto de la libertad de imprenta - 26 de octubre de 1811



Tan natural como el pensamiento le es al hombre la facultad de comunicar sus ideas. Es ésta una de aquellas pocas verdades que más bien se siente que se demuestra. Nada puede añadirse a lo que se ha escrito para probar aquel derecho y las ventajas incalculables que resultan a la Humanidad de su libre ejercicio. El Gobierno, fiel a sus principios, quiere restituir a los pueblos americanos, por medio de la libertad política de la Imprenta, ese precioso derecho de la naturaleza que le había usurpado un envejecido abuso de poder, y en la firme persuasión que es el único camino de comunicar las luces, formar la opinión pública y consolidar la unidad de sentimientos, que es la verdadera fuerza de los Estados, ha venido en decretar lo que sigue:

Artículo 1° Todo hombre puede publicar sus ideas libremente y sin censura previa. Las disposiciones contrarias a esta libertad quedan sin efecto.

Artículo 2° El abuso de esta libertad es un crimen. Su acusación corresponde a los interesados, si ofende derechos particulares, y a todos los ciudadanos si compromete la tranquilidad pública, la conservación de la religión católica o la Constitución del Estado. Las autoridades respectivas impondrán el castigo según las leyes.

Artículo 3° Para evitar los efectos de la arbitrariedad en la calificación y graduación de estos delitos se creará un Junta de nueve individuos con el título de Protectora de la libertad de la Imprenta. Para su formación presentará el Excmo. Cabildo una lista de cincuenta ciudadanos honrados que no estén empleados en la Administración del Gobierno; se hará de ellos la elección a pluralidad de votos. Serán electores natos el prelado eclesiástico, alcalde primer voto, síndico procurador, prior del Consulado, el fiscal de S. M. Y dos vecinos de consideración nombrados por el Ayuntamiento. El escribano del pueblo autorizará el acto y los respectivos títulos que se librarán a los electos sin pérdida de instantes.

Artículo 4° Las atribuciones de esa autoridad protectora se limitan a declarar de hecho si hay o no crimen en el papel que da mérito a la reclamación. El castigo del delito, después de la declaración, corresponde a las justicias. El ejercicio de sus funciones cesará al año de su nombramiento, en que se hará nueva elección.

Artículo 5° La tercera parte de los votos a favor del acusado hace sentencia.

Artículo 6° Apelando alguno de los interesados, la Junta Protectora sorteará nueve individuos de los cuarenta restantes de la lista de presentación; se reveerá el asunto, y sus resoluciones, con la misma calidad a favor del acusado, serán irrevocables. En casos de justa recusación se sustituirán los recusados por el mismo arbitrio.

Artículo 7° Se observará igual método en las capitales de provincia, sustituyendo al prior del Consulado el diputado de comercio y al fiscal de S. M. el promotor fiscal.

Artículo 8° Las obras que tratan de religión no pueden imprimirse sin previa censura del eclesiástico. En casos de reclamación se reveerá la obra por el mismo diocesano, asociado de cuatro individuos de la Junta Protectora, y la pluralidad de votos hará sentencia irrevocable.

Artículo 9° Los autores son responsables de sus obras, o los impresores no haciendo constar a quienes pertenecen.

Artículo 10° Subsistirá la observancia de eses decreto hasta la resolución del Congreso.
Buenos Aires, 26 de octubre de 1811

Firmantes
Feliciano Antonio CHICLANA, Manuel de SARRATEA, Juan José PASSO
José Julián PÉREZ, Secretario.

domingo, 18 de diciembre de 2011

Las emergencias no declaradas


La nueva e inminente prórroga de la emergencia por el Congreso, sugiere creativas vertientes para indagar sobre emergencias que aun no fueron declaradas, aunque muchas hayan tenido o tengan vigencia.
Desde hace tiempo en la Argentina la emergencia es agropecuaria, energética, sanitaria, forestal, financiera, educativa, ocupacional, previsional, económica, etc. La teoría dice que es transitoria. La práctica con su permanencia lo desmiente.
Excediendo esos modelos rutinarios, hay una rica veta de emergencias que aunque no proclamadas acompañan nuestro derrotero. Pasamos a enumerarlas.
Emergencia intelectual: Aspira conjurar ausencia de materia gris de quien es inidóneo para gobernar. Se propone convalidar yerros públicos, en la idea de que -durante la tregua de su vigencia- los alcanzados por ella  accederán al talento de que carecen. Luego, se dice, no habrá más emergencias; a menos que, por "única vez", fuera necesario recurrrir a ella. Alcanzará, incluso, a quienes ya gobernaron para respetar el principio de igualdad ante la ley.
Emergencia estadística: Creación vernácula nunca proclamada formalmente que luce practicada desde hace algunos años. Consiste en alterar las reglas matemáticas, otrora ciencia dura, para exhibir un producto en cuya virtud dos más dos no son cuatro, sino uno y medio o lo que cuente su ejecutor. Pitágoras,  Copérnico y Newton darían varias vidas por conocer su fórmula.
Emergencia etílica: Valioso instrumento cuyo propósito es dispensar los actos de poder que, realizados bajo los efectos de seductores e irresistibles brebajes, afecten al bien común.
La experiencia histórica aconseja no amparar bajo su manto la decisión de potenciales actos beligerantes.
Emergencia electoral: Figura que, al calor de asonadas y cuartelazos, se nos impuso durante muchos años. Por eso, se juramentó constitucionalmente no recurrir nunca más a ella.
No obstante, reformulada que ha sido, tolera clientelismo, nepotismo y hasta transfuguismo.
Emergencia estética: El mundo actual fue diseñado solamente para los lindos. Como la naturaleza se empeña en conceder a unos lo que deniega a otros, usar de de ella servirá para que los perjudicados por falta de dotes físicas acicalen sus imperfecciones.
Se la puede emplear para justificar manifestaciones cosméticas del poder. Quien suponga que un tal Maquiavelo está detrás de ella se equivoca. No hay razón para que los feos encubran su fiereza y nuestros funcionarios no puedan ocultar los móviles de ciertos actos.
La medicina organizacional que la concibe propone tomar distancia de avispas y otros insectos porque pueden frustrar su objeto.
Emergencia sentimental: Al fin y al cabo, somos el compendio de un complejo equilibrio en el que sobresalen nuestros afectos.
Por efectos de la emergencia sentimental quedan exentos de responsabilidad cualquier tipo de desaguisados de nuestros representantes. Tan pronto se restablezca el equilibrio emocional, la figura se extinguirá de pleno derecho.
El listado podría continuar porque la imaginación es fértil, pero no menos prolífica es la realidad nacional donde al amparo de la emergencia se desobedece la Constitución con la sempiterna emergencia.

Autor Mario Midón

viernes, 16 de diciembre de 2011

Voces del pasado que cobran vigencia. A 150 años de la reforma de 1860

I.
Introducción. II. El Artículo 32 de la Constitución Federal. III. Colofón. 

I. Introducción 

El año pasado, para ser más claros, el 25 de septiembre se conmemoró el sesquicentenario de la Reforma Constitucional de 1860, allí hombres de la talla de Adolfo Alsina, Domingo F. Sarmiento, Bartolomé Mitre, Manuel Escalada, Valentín Alsina, Félix Frías, José Mármol, Tomas Anchorena, Dalmacio Vélez Sarfield, Marcelino Ugarte, Adolfo Alsina, Luis María Drago, entre otros, buscaron a través del diálogo y el consenso la unificación nacional. 


Esa reforma constitucional, tuvo un gran aporte a nuestro desarrollo político institucional, por cuanto el poder constituyente de 1860 incorporó un nuevo sistema de representatividad, se buscó y se profundizaron las ideas federales, esta reforma la cual introdujo más de 25 modificaciones a la de 1853, es, desde nuestro saber y entender una de las más importantes, claras y con un objetivo de oportunidad que se puede observar a lo largo y a lo ancho de sus debates. 


A modo de homenaje, simplemente vamos a abordar la propuesta de reforma en lo concerniente al Art. 32 de la Constitución Nacional, por el cual se intentó tutelar de toda injerencia federal a la libertad de imprenta. Sobradas muestras nos dan la sensación de que lo dicho en las sesiones de 1860 tiene mucha actualidad, por cuanto esas voces del pasado hoy cobran mucha vigencia. Creemos e insistimos en la necesidad de leer obligatoriamente a todos estos hombres, por cuanto en cada asamblea constituyente, podremos encontrar ricos discursos, que nutren y despejan cualquier tipo de conjetura o interpretación errónea del texto constitucional. 

II. El Artículo 32 de la Constitución Federal 

Sabiamente la Carta Fundamental, producto del saber y entendimiento de los constituyentes de 1860, nos marcó una pauta constitucional sabia, así reza el Art. 32 "El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal". 


En el plan de reforma dado en el año 1860 se expresó sobre este artículo: "Siendo la palabra escrita o hablada uno de los derechos naturales de los hombres que derivan de la libertad de pensar, él se haya comprendido entre los derechos intransmisibles de que se ha hablado. La sociedad puede reglamentar y aún reprimir el abuso; pero esa reglamentación y esa represión, es privativa de la sociedad en que el abuso se comete, y a la cual puede dañar inmediatamente, ya sea a toda ella en su conjunto, ya a los individuos aisladamente. Aun considerando los abusos de la palabra escrita como verdaderos delitos (que en realidad no son sino actos dañosos a la sociedad) ellos no podrían caer bajo la jurisdicción nacional, como no caen los delitos comunes, y sería un contrasentido que fuese tribunal nacional un jurado de imprenta, y no lo fuese un juzgado civil o comercial. Del contexto de la Constitución, no resulta que tal haya sido su suerte, pero entendiéndose generalmente de otra manera por los publicistas argentinos que concurrieron a su confección, teniendo el Congreso por el inciso 11 del Art. 64 (75 inc. 12 actual), la facultad de dictar las leyes que requiera el establecimiento del juicio por jurados, y existiendo precedentes (aunque no de un carácter legal), que hacen presumible una intervención indebida de la soberanía provincial, es prudente precaverse contra tales probabilidades, como lo hicieron los Estados de Norte América en las enmiendas que presentaron al Congreso". (1) 


Dalmacio Vélez Sarsfield en la sesión ordinaria del 1° de mayo de 1860 dijo sobre el proyecto de la comisión: "La reforma importa decir que la imprenta debe estar sujeta a las leyes del pueblo en que se use de ella. Un abuso de la libertad de imprenta nunca puede ser un delito, diré así, nacional. (…) La reforma dice aun más; que el Congreso no puede restringir la libertad. La libertad de imprenta, Sres., puede considerarse como una ampliación del sistema representativo o como su explicación de los derechos que le quedan al pueblo, después que ha elegido a sus representantes al Cuerpo Legislativo. (…) Cuando un pueblo elige a sus representantes no se esclaviza a ellos, no pierde el derecho de pensar o de hablar sobre sus actos; esto sería hacerlos irresponsables. El puede conservar y conviene que conserve, el derecho de examen y de crítica para hacer efectiva las medidas de sus representantes y de todos los que administran sus intereses. Dejemos pues, pensar y hablar al pueblo y no se le esclavice en sus medios de hacerlo. (…) El pueblo necesita conocer toda la administración, observarla, y aun diré dirigirla en el momento que se separe de sus deberes o para indicarle las reformas o los medios de adelanto como sucede todos los días. Hoy es sabido en el mundo que los mayores adelantos materiales y morales de los pueblos son debido a la prensa, al pensamiento de los hombres que no están empleados en la administración. Nosotros mismos somos testigos de esto. La prensa ha indicado mil veces y aun exigido las mayores reformas en la administración y ha propuesto y ha discutido las leyes más importantes. Sobre todo sin la absoluta libertad de imprenta, no se puede crear hoy el gran poder que gobierna a los pueblos y dirige a los gobernantes - la opinión pública. Solo la libre discusión por la prensa, puede hacer formar el juicio sobre la administración o sobre los hechos políticos que deben influir en la suerte de un país. Solo también por medio de la libertad de imprenta puede el pueblo comprender la marcha de la administración. No basta que un gobierno de cuenta al pueblo de sus actos; solo por medio de la mas absoluta libertad de imprenta, puede conocer la verdad e importancia de ellos y determinarse el mérito o la responsabilidad de los poderes públicos. (…) Se dirá que los abusos de la imprenta traen trastornos sociales. Pero trastornos sociales se llama muchas veces al renacimiento de la libertad en un pueblo, por la consagración de los derechos individuales. Las más veces equivocamos el mal social con el mal individual, creemos que la injuria a una persona es la injuria a la sociedad y que el deshonor de un hombre es un mal social, por eso tantas veces se habla contra la libertad de imprenta". (2) 


Para reafirmar lo expresado, huelga decir que la libertad de imprenta de ayer es la misma en la actualidad, por cuanto es necesaria la publicidad de los actos de gobierno, y el medio más claro es la prensa que en la actualidad va más allá de la prensa escrita, por cuanto en 1860 no existía otro medio técnico de comunicación, de esta manera el concepto ha sido extendido a otros medios como Internet, la televisión, las radios, etc., sostenía Alberdi: "otro medio de impedir que los delegatarios de la soberanía abusen de su ejercicio en daño del pueblo a quien pertenece, es la publicidad de todos los actos que lo constituyen. 

La publicidad es la garantía de las garantías", (3) entendiendo que el Congreso Federal no puede bajo ningún aspecto restringir esta libertad, lo que puede ser caro al sistema republicano, ya que esta se encuentra relacionada directamente con nuestra forma de estado y gobierno, establecida en el Art. 1 de la Constitución Federal. 

El Artículo 14 de la Carta Fundamental asegura a todos habitantes de la nación de "publicar sus ideas por la prensa sin censura previa", conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, pero siempre y cuando sean razonables, no pudiendo bajo ningún aspecto desvirtuar los derechos establecidos en la misma norma. Sánchez Viamonte sostiene que: "De todos los derechos individuales consagrados por la Constitución Argentina, ninguno ha sido amparado por un privilegio tan definido y concreto como el relativo a la publicación de ideas por medio de la prensa. Es el único caso en que aparece una prohibición expresa al Congreso Federal". (4) Badeni explica que: "Los diarios y revistas procuran satisfacer la demanda informativa, siguiendo tres principios fundamentales: 1) las noticias deben ser publicadas con la mayor rapidez posible, porque las noticias son importantes en el día de hoy, son material de archivo a las pocas horas de su producción; 2) cada diario y revista pretende ser el primero en dar a conocer un hecho o ciertas características del mismo y, si es con exclusividad, mucho mejor; 3) no apartarse de la línea editorial que determino la preferencia de sus lectores". (5) La Constitución Nacional "no protege directamente a los medios de comunicación, sino a la expresión del pensamiento en forma pública y abierta que, como necesariamente debe ser canalizada a través de ellos, proyecta la tutela normativa al instrumento empleado para la transmisión del pensamiento". (6) Gelli dice que: "El art. 32 de la Constitución Nacional contiene dos disposiciones prohibitivas. Por la primera veda al Congreso dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta; por la segunda impiden establecer sobre ella la jurisdicción federal". (7) 

Para profundizar lo expresado, 134 años después de 1860, es decir la convención constituyente de 1994 otorgó jerarquía constitucional a los instrumentos de derechos humanos, establecidos en el Art. 75 inc. 22, allí nos encontramos con el Pacto de San José de Costa Rica, el cual ya se encontraba vigente por la Ley 23.054, que en su Art. 13 inc. 3 dice: "1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones". El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos incorporado con jerarquía constitucional en su Artículo 19 prevé: "1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones; 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección". En suma, estas normas disponen claramente que se protege y reconoce la libertad de expresión como un derecho humano fundamental, además de estar prohibida la censura previa y, la ley debe ser quien fije las responsabilidades del ejercicio de esta libertad, es por ello que entendemos que la norma que reglamente la libertad de expresión debe ser razonable, de tal manera debe resistir el juicio de razonabilidad previsto en el Art. 28 de la Constitución Federal. 

III. Colofón 

Como conclusión, simplemente el motivo del presente trabajo fue rendir un homenaje a esos hombres que mediante el diálogo y el consenso forjaron las bases histórico constitucionales de la república. Volver a los valores, al pensamiento constitucional nos debe hacer mirar el futuro con mayor esperanza, como bien dice Galeano: "la utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para que sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar". 

En la actualidad, podemos pensar en lo expresado por el Canciller Alemán Willy Brandt quien dijo: "Permitir un atropello significa abrirle el camino a todos los que siguen". Por eso, cuando está en debate los alcances de derechos y garantías básicas de la sociedad, es necesario recordar el pensamiento de los hombres que dieron fundamento a nuestra Constitución en la que ninguno de los derechos individuales tuvo tanta protección como la publicación de las ideas por la prensa. Celebramos entonces el sesquicentenario de la Reforma de 1860 convocando a garantizar, respetar y profundizar esos derechos. 




 (1) Conf. RAVIGNANI, Emilio, "Asambleas Constituyentes Argentinas", t. IV, Talleres S.A. Casa Jacobo Peuse, Ltda., Buenos Aires, 1937, p. 773.
 (2) Conf. RAVIGNANI, Emilio, op. cit. p. 840. 
 (3) Conf. ALBERDI, Juan Bautista, "Derecho Público Provincial", Ed. La cultura Argentina, Buenos Aires, 1917, p. 122. 
 (4) Conf. SANCHEZ VIAMONTE, Carlos, "Manual de Derecho Constitucional", Kapelusz, Buenos Aires, 1944, p. 145. 
 (5) Conf. BADENI, Gregorio, "Tratado de derecho constitucional", t. I, La Ley, Buenos Aires, 2004, p. 461. 
 (6) Conf. BADENI, op. cit. p. 462. (7) Conf. GELLI, María Angélica, "Constitución de la Nación Argentina", La Ley, Buenos Aires, 2003, p. 297.

domingo, 4 de diciembre de 2011

UNA JURA, UN GESTO



Los recientes planteos y solicitudes de diferentes funcionarios oficialistas solicitando a Julio César Cobos que se abstenga de estar presente en la ceremonia de asunción de Cristina Fernández de Kirchner, desnuda en toda su extensión la concepción de poder de ésta gestión en donde el ejercicio de una representación, delegada y circunstancial, es mas fuerte que la propia Carta Magna.

El rol que tendría que ocupar Cobo en este acto es un debate insustancial en sí mismo, ya que sí la discusión discurre por la presencia o no del Vicepresidente actual en la jura, modesto favor le hacemos a las instituciones de la República, y no hace mas que reafirmar la banalidad e inconsistencia discursiva del “modelo”, que centra su preocupación de un acto sustancial en la vida democrática en la presencia de una persona.

El derecho constitucional parlamentario establece un procedimiento por el cual, bajo ningún aspecto, puede ser sorteado en base a cuestiones protocolares, ceremoniales o de simples simpatías aleatorias, porque con cualquiera de estos argumentos se quieren cumplir con caprichos que contradicen la letra y el espíritu de la Carta Fundamental. En ese sentido el Artículo 93 de la Constitución establece claramente que al momento de tomar posesión del cargo, tanto el Presidente como su Vice, deberán prestar el juramente ante el Presidente del Senado y ante el Congreso reunido en Asamblea.

Frente a lo expresado, no cabe ninguna duda que quien debe llevar a cabo la convocatoria de la Asamblea, presidirla y tomar juramento es el Vicepresidente actual, la única forma para que este no pueda llevar a cabo la misma, es que renuncie  a su cargo.

Estamos Asistiendo a un hecho realmente inédito en la historia de nuestro país, ya que desde la apertura de la etapa democrática iniciada en 1983, nadie imaginó que Raúl Alfonsín en 1989 no le colocaría la banda presidencial a Menem, o haber escuchado a Eduardo Duhalde, Vice de éste, pedir que ni Alfonsín o Víctor Martínez merodeando siquiera por la zona del Congreso; o al mismo Menem querer sortear su responsabilidad institucional y escabullirse para no estar en la asunción de De la Rúa - Alvarez; y en los países vecinos nadie supone que Bachelet haya rehusado estar en la ceremonia de asunción de Piñera, o a Lula Da Silva pidiendo de no ver a Cardoso en su asunción.

Este acontecimiento sería una excelente oportunidad para mirar hacia delante, de dar ejemplo, de ser distintos. El abrumador 53% que acompañó a la Presidente en las urnas, significa un respaldo pero también una responsabilidad. La jura del nuevo mandato podría ser un momento iniciático y demostrar que es posible ejercer el poder con grandeza, de no perder tiempo en cuestiones casi anecdóticas, de abandonar la crispación y abrir canales de dialogo que nos permitan enfrentar en conjunto el complejo futuro que se avecina.

Discurrir sobre estas cuestiones puede verse como algo trivial, pero poco sentido tendrá escuchar en el juramento de la Señora Presidenta la frase “observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina", cuando se privilegian deseos y cuestiones personales en lugar de fomentar desde el ejemplo el respeto a las instituciones, a la democracia y a nuestra propia Constitución Nacional.

lunes, 7 de noviembre de 2011

Son los jóvenes, estúpido

¿Qué tienen en común el mundo árabe, la periferia europea, China y la Argentina? Que su estabilidad política depende más de cuestiones demográficas que ideológicas. En Libia y en Atenas, en Tiananmen y en los piquetes porteños, las tribus y las ideas se mezclan pero una característica predomina: la juventud de los manifestantes. Las revoluciones que vienen, reales o camporistas, se nutren de las expectativas insatisfechas de los treintañeros.

Las familias grandes y la vida corta identifican a las sociedades antiguas; las familias pequeñas y la vida larga, a las modernas. Ambas formas de organización son relativamente estables, el problema es la transición. Durante el período de cambio demográfico, una sociedad reduce primero la mortalidad y luego la natalidad: en otras palabras, la población crece más rápido antes de estabilizarse. Y como se crece por abajo, al principio aumentan los niños, una década más tarde los adolescentes y, después, los jóvenes adultos. Sus aspiraciones son crecientes pero la competencia es más dura: conseguir pareja, casa y trabajo se torna difícil, aun con mayor formación. El polvorín está listo: agréguesele represión, corrupción o autismo gubernamental y espérese un detonante imprevisto para la explosión. Ante el estallido, la reacción del poder
puede ser moderna o geriátrica. Mubarak y Gadafi encarnan la segunda opción, mientras la primera está por descubrirse fuera de la democracia.

Si los gobiernos no anticipan la crisis, los intentos por administrarla a posteriori se han demostrado frecuentemente vanos. La consecuencia, en democracia, es la caída del gobierno; en dictadura, la del régimen. A diferencia de las sociedades árabes, en la costa norte del Mediterráneo los sistemas políticos fallan pero duran: la razón es que ahí no predomina la juventud sino la esclerosis.

En Italia, caso arquetípico, los jóvenes de 35 años se ven obligados a vivir con sus padres y las de 17 con Berlusconi. En Portugal, el ajuste no enfrenta revueltas callejeras sino que alimenta la emigración: pueblo de navegantes, los portugueses siguieron emigrando durante los años de crecimiento económico y ahora, simplemente, aceleran el flujo. España sorprende por la mansedumbre de su sociedad, que en los momentos más duros de los asesinatos etarras manifestaba su repudio con convicción pero sin violencia.

Sólo Grecia muestra signos de intemperancia y es, justamente, el país más joven de los que están quebrados. De hecho, con jubilaciones masivas a los 50 años, los griegos no sólo les robaron a sus compatriotas europeos sino que se transformaron en una sociedad de “jóvenes” desocupados, y por lo tanto disponibles para la revuelta. Autócratas árabes y gerontócratas europeos tiene dificultades para entender los nuevos tiempos. Los discursos psicodélicos de Mubarak y Gadafi, así como el derroche pre-crisis de griegos, romanos e ibéricos, muestran que el mundo concreto y ciertos líderes viven en dimensiones paralelas.

En Europa, estados de bienestar seniles defienden los derechos adquiridos de los viejos y privan de ellos a las nuevas generaciones. Y en el mundo árabe, los gobernantes se vanaglorian de epopeyas bélicas que para sus pueblos son prehistoria. La fuga de la realidad conmueve: para un argentino, era difícil escuchar los discursos de Mubarak y no recordar a De la Rúa.

En Buenos Aires, la sensibilidad frente al cambio demográfico es asimétrica.

Alfonsín tuvo a la Junta Coordinadora, De la Rúa al grupo Sushi y los Kirchner a La Cámpora. Sólo Menem se dio el lujo de privarse de la movilización juvenil: los ‘90 fueron más propensos a la desmovilización. Actualmente, es el gobierno nacional y popular y las oposiciones minoritarias como PRO y ARI los que muestran cierto nivel de renovación generacional, mientras el radicalismo sigue destacándose como un partido de hombres grises: es difícil encontrar mujeres o jóvenes sin corbata entre sus filas, aunque algunos candidatos están modernizando sus tecnologías de comunicación mediante herramientas informáticas.

Un partido que piense en el futuro tiene que mirar más allá de 2011. Los dirigentes que se forman hoy gobernarán este país en los próximos veinte años: ¿quiénes son? ¿Dónde están? Dar respuesta a estas preguntas torna a las elecciones de octubre algo más que una contienda presidencial: es la oportunidad de que emerja una generación de líderes postcrisis. Los edad de los candidatos y sus equipos de gestión, antes que la ideología, dará información clave sobre qué partidos están listos para el desafío y cuáles para el geriátrico.


Por Andrés Malamud

lunes, 24 de octubre de 2011

¿REFORMA CONSTITUCIONAL?: ¡NO!



Cuando se observan los diarios nacionales en las crónicas políticas, se encuentra que la oposición esta enfrascada en la discusión de si o no a una reforma constitucional, y quien de todos los actores de este sector será socio de tal proceso. Para llevar adelante una enmienda al texto, es necesario poner en funcionamiento los mecanismo establecidos en la propia Constitución, los cuales no son tan fácil de sortear, por cuanto se exigen mayorías especiales en cada una de las Cámaras, y posteriormente deben elegirse constituyentes para llevar a cabo la misma.

Una reforma implica la alteración del “status quo” constitucional, es decir, cuando hablamos de modificar el texto, no debemos perder de vista que la eficacia de una Constitución está estrechamente ligada a su perdurabilidad y, principalmente, como esta logra adaptarse a la realidad social en su conjunto, es decir, en la faz económica, política y social de los individuos que la integran. La capacidad de nuestra Carta fundamental se encuentra entrelazada indefectiblemente a la adecuación de ella, con los objetivos y necesidades de la sociedad.

Por ello, creemos que hablar de una reforma constitucional es no entender la responsabilidad que significa tal proceso, y que la misma debe ser fruto del debate y de la búsqueda de consensos que conlleven un objetivo común: el de dotar a nuestra constitución de nuevas herramientas, de cumplir con  las nuevas exigencias, a la modernización y a ser el fiel reflejo de la comunidad. Una reforma no puede ser el resultado de las necesidades políticas de un sector o grupo de interés que pretende llevar adelante para complacer una coyuntura.

Las reformas llevadas a cabo en las Provincias y en el orden nacional en 1994, enmascararon la “reelección” con el ropaje de la incorporación de nuevos derechos, nuevas instituciones, y con poner un freno al hiperpresidencialismo. En la actualidad, el discurso sobre “parlamentarismo” es simplemente una excusa más, cuando en realidad lo que se persigue es maquillar la verdadera intensión de la reforma, la cual es simplemente la de buscar la “hegemonía y eternización en el poder.

Mejorar la democracia y las instituciones de la república, no se solucionan con recetas mágicas, el “presidencialismo” no es malo per se, los hombres hacen malas las instituciones; una reforma constitucional sin una verdadera discusión, con debates y con búsqueda de consensos es una construcción precaria destinada al fracaso.

Pareciera que cada gobierno constitucional, desde 1948 a la fecha, quiere dejar su impronta en la Constitución, de esta forma caminamos por la cornisa y vamos hacia una nueva frustración como sociedad, si hacemos una mirada introspectiva de nuestra historia nos daremos cuenta el mal que le han hecho las reformas de un solo color a nuestro país. Los problemas de los argentinos no se solucionan con una reforma constitucional, se solucionan con mayor democracia, con la profundización de los controles, con el buen funcionamiento de cada uno de los poderes y con la buena utilización de las herramientas que provee sabiamente la Constitución actual. Si existe madurez política, este tema de la reforma pasará al archivo, en caso contrario se estará hipotecando una vez más el futuro. 


lunes, 17 de octubre de 2011

El "pronunciamiento" de Urquiza


Recordando a Justo José de Urquiza quien nació el 18 de Octubre de 1801

Finalmente, el 1º de mayo de 1851 Urquiza se pronunció en franca rebeldía contra el dictador en la localidad entrerriana de Concepción del Uruguay, aceptando la renuncia que Rosas ofrecía del cargo de encargado de las relaciones exteriores de la Confederación con las siguientes palabras:

Declarando solemnemente a la faz de la Republica, de la América y del mundo que, en vista de la actual situación física en que se halla el Sr. Gobernador y capitán general de Buenos Aires, brigadier don Juan Manuel de Rosas, no le permite por más tiempo continuar al frente de los negocios públicos, dirigiendo las relaciones exteriores y los asuntos de Paz y Guerra de la Confederación Argentina: que con repetidas instancias había pedido a la legislatura de aquella provincia se le exonerase del mando supremo de ella, comunicando a los gobiernos confederados su invariable resolución de llevar a cabo la formal renuncia de los altos poderes delegados en su persona por todas y cada una de las provincias que integran la República; que reiterar al general Rosas las anteriores insinuaciones para que permaneciese en el lugar que ocupaba era faltar a la consideración debida a su salud y cooperar también a la ruina total de los intereses nacionales que él mismo confesaba no poder atender con la actividad que ellos demandan, que era tener una triste idea de la ilustrada, heroica y célebre Confederación Argentina el suponerla incapaz, sin el general Rosas a su cabeza, de sostener sus principios orgánicos, crear y fomentar instituciones tutelares, mejorando su actualidad y aproximando su porvenir glorioso, reservado en premio a las bien acreditadas virtudes de sus hijos: y, en vista de otras no menos grandes consideraciones, es la voluntad del pueblo entrerriano:
1º- Reasumir el ejercicio de las facultades inherentes a su territorial soberanía, delegadas en la persona del Exmo. Señor Gobernador y capitán general de Buenos Aires en virtud del tratado cuadrilátero de las provincias litorales, fecha 4 de enero de 1831;
2º- y que, una vez manifestada así la libre voluntad de la provincia de Entre Ríos, quedaba ésta en aptitud de entenderse directamente con los demás gobiernos del mundo, hasta tanto que, congregada la Asamblea nacional de las demás provincias hermanas, fuese definitivamente constituida la República (1).

Este histórico "pronunciamiento" fue completado con un decreto de Urquiza que suprimía el lema rosista "¡Mueran los Salvajes Unitarios!" y lo reemplazaba por el lema "¡Viva la Confederación Argentina! ¡Mueran los enemigos de la organización nacional!". Este cambio de lemas estaba justificado para Urquiza, quien desafiando el orden rosista decía que:

el lema "¡Viva la Confederación Argentina! ¡Mueran los Salvajes Unitarios!", (...) envuelve la prescripción sangrienta de todo un sistema inadecuado, si se quiere, y erróneo, (...). Que es tiempo ya de apagar el fuego de la discordia entre los hijos de una misma revolución, herederos de una misma gloria, y extender un denso velo sobre los pasados errores, para uniformar la opinión nacional contra la verdadera y única causa de todas las desgracias, atraso y ruina de los pueblos confederados del Río de la Plata (2).

A su vez, y como era de esperarse, el gobierno de Corrientes apoyó el pronunciamiento de Urquiza en mayo de 1851, aceptando la renuncia de Rosas al manejo de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. Por los artículos 1º y 2º del "pronunciamiento" del gobernador correntino Benjamín Virasoro, éste admitía "la renuncia del Excmo. Sr. Gobernador y Capitán General de la Provincia de Buenos Aires, brigadier D. Juan Manuel de Rosas, de la dirección de las Relaciones Exteriores y asuntos de Paz y Guerra de la República" y declaraba enfáticamente: "Quedan sin valor ni efecto las facultades que se le confirieron en representación de esta Provincia: por consecuencia ella las reasume nuevamente como inherentes a los Estados que forman la Confederación Argentina" (3).

  1. Texto del pronunciamiento de Urquiza citado en V.D. Sierra, op.cit., p. 549.
  2. B. Bosch, op. cit., selección documental, pp. 76-77.
  3. "Pronunciamiento de Virasoro", en El Iris Argentino, Paraná, Nº 4, 10 de julio de 1851, citado en "La batalla de Caseros", Documentos para la historia integral argentina, 3, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1981, p. 25.

sábado, 17 de septiembre de 2011

LA IMPORTANCIA DE LA DIVISION DE PODERES EN EL PENSAMIENTO DE ESTRADA


Estrada explica la cuestión de la división de poderes desde la visión clásica desarrollada por Aristóteles en “La Política”, así nos habla de monarquía, aristocracia y democracia con sus respectivas desviación y/o deformaciones, reafirmando que tal división perduro en el tiempo sin haber recibido alguna que otra actualización, llegando hasta Montesquieu, quien tampoco mejoro o llevo a cabo una cambio en la doctrina desarrollada, resumiendo toda la discusión de esta cuestión en una disputa de palabras, que una verdadera controversia de ideas.

En lo que respecta a este punto Estrada observaba que puede hacer un desarrollo de todo esto en base a las ideas de Madison, Jefferson en sus notas sobre Virginia y hasta el mismo Montesquieu –ya citado-, subdividiendo las ideas tanto de este último como la de Aristóteles, el primero tiene un valor político y las ideas del segundo su valor es filosófico, llegando a la conclusión que de estos dos pensadores “en cada uno de estos puntos de partida se inicia un raciocinio que conduce a idéntico fin y derrumba las construcciones sofisticas de los Sieyes, de los Roberspierre y de los Césares” (1).

José Manuel Estrada señalaba que “el principio republicano, es la limitación de los poderes de los gobiernos. Esa limitación es esencial. Ello constituye el carácter de un gobierno libre. Un gobierno es liberal en razón de la fuente de donde emanan sus poderes; un gobierno no es liberal en razón de la fuente de donde arrancan sus poderes; un gobierno es liberal en razón de la limitación de la autoridad que desempeña... En el orden político de la República Argentina, esta limitación existe, porque los poderes solo invisten funciones perentoriamente limitadas por la Constitución y divididas entre sí, y porque además las funciones y el papel del Estado está dividido entre diversos elementos...” (2).

Desde la doctrina más destacada, podemos aseverar que tomando distintos puntos de vista y mediante diferentes expresiones arriban definitivamente a lugares comunes. En este sentido Del Valle definía la república diciendo que “es la comunidad política organizada sobre la base de la igualdad de todos los hombres, cuyo gobierno es simple agente del pueblo, elegido por el pueblo de tiempo en tiempo y responsable ante el pueblo de su administración. En el sentido de la Constitución de Estados Unidos y de la Argentina, esta idea general se complementa con la existencia necesaria de tres departamentos de gobierno, limitados y combinados, que desempeñan, por mandato y como agentes del pueblo, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial” (3). Joaquín V. González señalaba “Su esencia es la participación del pueblo en el gobierno legislativo, ejecutivo y judicial. Reconoce como dueños originarios de la soberanía a todos los ciudadanos, pero confía su ejercicio a un número proporcional y libremente designado de los mismos, que deben reunir cualidades especiales calculadas para hacer posible la dirección, régimen, seguridad y prosperidad de los negocios comunes (res publica). El pueblo, sin embargo, conserva toda la soberanía no conferida a sus representantes, los cuales por serlo, se hacen responsables del uso del poder. La responsabilidad, como consecuencia de la representación, es pues, otro carácter esencial de la forma republicana... También del principio democrático y representativo se deduce que el gobierno es temporal, es decir, que dura un tiempo limitado por el mandato o por la buena conducta a juicio de aquellos que representan el poder de juzgar a los funcionarios” (4).

Pudiéndose observar que “hay que distinguir entre el gobierno, propiamente dicho, y la fuente de la cual nace el gobierno. El gobierno es un acto continuo que nace de una facultad inmanente de la sociedad. Importa poco averiguar cuál es el número de personas que tienen parte en el acto continuo que se llama gobierno. La diferencia esencial de los sistemas políticos proviene de la naturaleza de la entidad en que radica la potencia inmanente, de la cual nace el gobierno y a que se da el nombre de soberanía. Así cuando el gobierno reside en un solo hombre es monárquico; cuando reside en un grupo de personas que lo monopoliza como un privilegio hereditario, pero improrrogable de clase a clase, el gobierno es aristocrático; y cuando reside en la nación, como una facultad que pueden ejercer todos o para cuyo ejercicio solo se requiere una habilidad que todos pueden adquirir, el gobierno es democrático” (5), así el autor restablece la clásica división de poderes, pero la intencionalidad de sus palabras era nada más y nada menos que calificar el gobierno argentino.

Tratando de entender las ideas expuestas nada mejor que Alberdi para entender estas palabras de Estrada, ya que resulta fundamental el respeto a la división de poderes, su independencia y la reivindicación constante de la soberanía, por cuanto “la omnipotencia de los poderes hace desaparecer su división e independencia reciproca, y con ella la esencia del gobierno representativo” (6).

En lo que respecta al gobierno, el autor enseñaba que “gobernar es reglar las relaciones sociales de los hombres; luego es de la esencia del gobierno estatuir todo lo conducente a conservar la armonía interna de cada país resguardando los derechos de las personas, y si puede dar reglas, puede obedecerlas (…) El cacicazgo en los pueblos salvajes, el absolutismo real y la prepotencia de las asambleas revolucionarias son ejemplos de los estragos que comporta la concentración de los poderes. Para que el derecho permanezca es necesario que la autoridad sea moderada, y para moderar la autoridad es indispensable dividir los poderes que le pertenecen” (7).

Thomas Jefferson decía: “El despotismo electivo no fue el gobierno por el que nosotros luchamos; nosotros luchamos por un gobierno que no estuviese fundado solo en los principios de la libertad, sino por uno en el que los poderes gubernamentales estuviesen de tal manera divididos y equilibrados entre las diferentes autoridades, que ningún poder pudiese traspasar sus límites legales sin ser eficazmente controlado y restringido por los otros”.

Es notorio que “...la mayor seguridad contra la concentración gradual de los diversos poderes en un solo departamento reside en dotar a los que administran cada departamento de los medios constitucionales y los móviles personales necesarios para resistir las invasiones de los demás” (8).

Nada quita de entender, que la división de poderes no es que cada uno de ellos es un compartimiento estanco y no se relaciona con el otro, ya que “de suerte que si los poderes en que se comporta el gobierno son elementos de una unidad, ellos se relacionan y contrapesan recíprocamente: son distintos, no son independientes. En el caso de la concentración de los poderes, encontramos el despotismo; en el caso de la dispersión hallaríamos el desorden y la esterilidad”(9).

Conclusión

Entendemos que la cuestión de la división de poderes es de mucha actualidad, y que José M. Estrada es un prohombre que marco y llevo adelante una gran obra, desde la tribuna, desde la cátedra y desde la militancia política.

Es por ello, que le rendimos homenaje y lo recordamos en sus palabras, las cuales suenan con más fuerza y resultan necesarias repasarla de vez en cuando.


(1) Conf. ESTRADA, José Manuel, “La política liberal bajo la tiranía de Rosas”, op. cit. p. 167.
(2) Conf. ESTRADA, José M., “Curso de Derecho Constitucional, Federal y Administrativo”, Ed. Cía. Sudamericana de Billetes de Banco, Bs. As., 1895, pág. 203.
(3) Conf. DEL VALLE, Aristóbulo, “Nociones de Derecho Constitucional”, Ed. Imprenta, Papelería y Encuadernación “La Buenos Aires”, Bs. As., 1895, Tº II, pág. 70.
(4) Conf. GONZALEZ, Joaquín V., “Manual de la Constitución Argentina”, Ed. Estrada y Cía., 23º ed., Bs. As., s/f., págs. 266/7.
(5) Conf. ESTRADA, José Manuel, “Curso…”, T. II, op. cit. p. 7
(6) Conf. ALBERDI, Juan Bautista, “Derecho Público Provincial”, Ed. La cultura Argentina, Buenos Aires, 1917, p. 115.
(7) Conf. ESTRADA, José Manuel, “La política liberal…”, op. cit. p. 168.
(8) Conf., HAMILTON, MADISON, JAY, “El Federalista”, LI, Ed. Fondo Económico, México 1987, p. 220.
(9) Conf. ESTRADA, José Manuel, “La política liberal…”, op. cit. p. 169.

sábado, 10 de septiembre de 2011

La abdicación de los parlamentos


Al finalizar el tradicional receso veraniego de los parlamentos europeos, el momento es oportuno para examinar las causas de su debilitamiento.

El primer ministro británico, Tony Blair, no es el único al que acusan de "presidencialismo". El fenómeno se da en toda Europa. El canciller alemán, Gerhard Schršder, afronta la misma acusación en la campaña electoral en curso. Al italiano Silvio Berlusconi, en verdad, ni siquiera le agrada el título de "primer ministro" e insiste en usar el de "presidente" porque, técnicamente, lo es del Consejo de Ministros. Y, por supuesto, Francia es una democracia presidencial.

A muchos el término "presidencialismo" los hace pensar en el régimen constitucional de Estados Unidos; sin embargo, se equivocan quienes sospechen que la tendencia actual es una faceta más de la norteamericanización de Europa. En Estados Unidos, el presidente sólo es un miembro de una tríada de poderes independientes; el Congreso restringe severamente sus facultades porque así lo establece la Constitución. En cambio, los primeros ministros "presidenciales" de Europa son "dictadores electivos", para usar la frase de un lord canciller (es decir, de un ministro de Justicia) británico.

Sirvientes del Ejecutivo

Esto significa, por sobre todo, que ya no toman en serio a los parlamentos. Algunos rara vez asisten a sus sesiones. Cuando se dignan aparecer, son tratados con deferencia. En algunos casos, más que la fuente de la soberanía los parlamentos son los sirvientes del Poder Ejecutivo. Berlusconi ha inducido al Parlamento italiano a aprobar leyes cuyos principales beneficiarios son él mismo y sus intereses comerciales.

Hasta en Westminster, cuna de los parlamentos del mundo, suelen cortar los debates mediante un procedimiento denominado "guillotina", con lo cual leyes importantes, como el actual proyecto de Ley de Asilo, en gran medida quedan sin discutir en la Cámara de los Comunes. La consecuencia absurda de esto es que la Cámara de los Lores, no electiva, se convierte en la verdadera legislatura del país. Todos los gobiernos se han habituado a utilizar una legislación secundaria, constituida por decretos y reglamentos fuera del control parlamentario.

La Unión Europea da un ejemplo particularmente malo en todo esto. Su órgano legislativo es el Consejo de Ministros, que a veces permite que el Parlamento elegido tenga un poco de "coparticipación en la toma de decisiones". Desde luego, el Consejo sesiona a puertas cerradas, lejos de la mirada escrutadora del público.

¿Cómo pudo suceder esto? ¿Cómo se explica la aparente abdicación del Parlamento, la institución central de la democracia? ¿Por qué ha dejado de ser el lugar en que los representantes del pueblo debaten cuestiones importantes y piden cuentas al Poder Ejecutivo? ¿Peligra, acaso, la democracia misma?

Podemos hallar varias razones para el destripamiento de los parlamentos. Una es la globalización. Las decisiones han emigrado de los espacios para los que se eligen los parlamentos. Hoy se toman en lugares remotos y a menudo desconocidos: tal vez, los directorios de empresas, las reuniones privadas entre dirigentes de distintos países o, simplemente, el curso de unos acontecimientos que escapan a todo control. El colapso de la "nueva economía" es un ejemplo de ello pero, curiosamente, también el probable ataque a Irak se decidirá de esa manera. Aunque los parlamentos nacionales intentaran impedir tales hechos, fracasarían.

Otra causa es la separación entre el juego político y la vida e intereses de la mayoría de la gente. En vez de agrupar y representar los intereses de los ciudadanos, los partidos se han transformado en máquinas distribuidoras de poder. El juego entre partidos ha perdido su representatividad. De ahí la nueva tendencia de sus dirigentes a recurrir directamente al pueblo, dejando poco margen al debate. Pueden hacerlo mediante encuestas de opinión y grupos focalizados, o bien con referendos y plebiscitos. En ambos casos, los parlamentos son prescindibles.

NUEVO AUTORITARISMO

El peligro de estos cambios radica en que robustecen una tendencia, ya fuerte, hacia un nuevo autoritarismo. La clase política deviene en una especie de nomenklatura de líderes que prefieren la popularidad al debate. Les resulta embarazoso explicar sus políticas. Para ellos, los parlamentos son un mero depósito, una reserva de aquellos con quienes están dispuestos a compartir el poder.

A medida que los debates razonados van quedando en el camino, los ciudadanos pierden interés por la política. Se ocupan de sus asuntos particulares y se dejan gobernar por quienes estén en el poder. Las elecciones han perdido su encanto, junto con los partidos y los parlamentos. La menguante concurrencia a las urnas así lo demuestra.

La abdicación de los parlamentos es, por sobre todo, una declinación del debate y escrutinio democráticos. Es una tendencia inaceptable para quienes defienden la ley de la libertad. Ya es hora de que los parlamentos se rebelen contra la arrogancia de los que están en el poder y contra la apatía del electorado. En cierto sentido, los europeos necesitamos más presidencialismo, al menos en su correcta acepción norteamericana, que implica la legitimidad independiente del Poder Legislativo y del Ejecutivo, y su igualdad de fuerzas.

Autor Ralf Dahrendorf 

miércoles, 7 de septiembre de 2011

Limites a la extranjerización de la tierra: entre el mito, la discriminación y el negocio encubierto.



De manera reciente, el Poder Ejecutivo Nacional remitió un proyecto de ley que tiene por objeto proteger el dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales. Para ello, estableció como límite a toda titularidad del dominio de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras el 20% del territorio nacional, que en ningún caso los extranjeros de una misma nacionalidad superen el 30 % del porcentual general establecido y que un mismo titular extranjero no pueda exceder las mil hectáreas.

El art. 20 de la Constitución argentina establece que los “extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano” con lo cual “pueden poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos”.

El art. 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que los Estados partes se comprometen a respetar los derechos reconocidos por el Instrumento Internacional (entre los que se encuentra el derecho de propiedad privada conforme lo establece el art. 21) y a garantizar su libre y pleno ejercicio sin discriminación alguna con motivo del origen nacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en la OC-18 que es inadmisible en términos discriminatorios toda exclusión restricción, restricción o privilegio que no sea objetiva y razonable (acápite 84). También sostuvo que el hecho de que el principio de la protección igualitaria y efectiva de la ley y de la no discriminación esté consagrado en numerosos Instrumentos Internacionales, es un reflejo de que existe un deber universal de respetar y garantizar los derechos humanos (acápite 86), y que dicho mandato, es una norma ius cogens (acápite 101). A esto se suma que el uso de las categorías interdictorias como limitantes del sistema de derechos se presumen inconstitucionales (Fallos 332:433) y que las justificaciones de su empleo deben adecuarse al principio de proporcionalidad (Fallos 327:5118).

Varios de los proyectos que tienen estado parlamentario postulan como objetivos y fines constitucionales perseguidos “la protección de zonas de seguridad” o “proveer a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural, cultural y la diversidad biológica” y siempre con cláusulas de residencia habilitantes del pleno ejercicio del derecho de propiedad por parte de los extranjeros. Aún en dichos supuestos, es necesario un debate profundo del cual surjan fundamentos objetivos y razonables que permitan justificar la distinción restrictiva.

El proyecto del PEN no postula ninguna clase de fin constitucional legítimo como justificante de la limitación planteada. Posibilita que un nacional pueda titularizar el derecho de propiedad respecto del 80% de las tierras rurales, mientras que sólo permite que un extranjero pueda ser propietario de un porcentaje comparativo ínfimo. Si los extranjeros titularizan el mismo derecho de propiedad que los nacionales: ¿cuáles son las razones objetivas y razonables que permiten justificar la limitación expuesta?; ¿cuáles son las cualidades morales superiores que ostentan los nacionales respecto de los extranjeros como sujetos democráticos? Iguales interrogantes nos hacíamos cuando se discutía la ley de matrimonio igualitario, solo hay que cambiar orientación sexual por nacionalidad.

Este proyecto lejos está de configurar un límite razonable a la propiedad de la tierra productiva que titularicen nacionales y extranjeros por igual como una suerte de distribución genuina de la riqueza (que en otras épocas se llamaba reforma agraria) en pos de evitar la concentración latifundista desigualitaria. Pero sin embargo bajo la cubierta del “proyecto nacional y popular” que lucha contra los cipayos (como seguramente lo dirán de mi persona) se esconde un fenomenal negocio inmobiliario. Una vez excluidos los demandantes extranjeros respecto del ochenta por ciento de las tierras productivas solamente podrán intentar comprarlas los demandantes nacionales. Igual cantidad de tierra y menos demandantes para poder comprarla genera una disminución fenomenal del precio de venta, lo cual seguramente será usufructuado por los mismos amigos del poder que en la actualidad adquieren todos los activos que pueden como parte de un capitalismo de rapiña basado en el afecto al poder de turno. Esta lúcida operación podría llamarse “Ernesto Che Remata tierras productivas a un precio mucho menor que si pujaran en dicho mercado los demandantes extranjeros”.

Actualmente, en nuestro país el 3,4 % de las tierras agrícolas está en manos extranjeras, lo cual implica un porcentaje que lejos está de significar una “pérdida de soberanía territorial” o un “peligro para la seguridad nacional”. En tiempos de la universalización de los derechos humanos, la idea del extranjero como un enemigo no solo es anacrónica y peligrosa, sino que desconoce como se formó esta nación.

A veces el relato se desdibuja cuando sencillamente se confronta con los apellidos de nuestros abuelos y abuelas.

viernes, 26 de agosto de 2011

LAS DESVIRTUACION DE LAS INSTITUCIONES FUNDAMENTALES DEL SISTEMA DEMOCRATICO



El Art. 38 de la CN establece que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático, el constituyente en 1994 hizo funcionar la política arquitectónica en contraposición a la agonal, por cuanto esa reforma busco una planificación a largo plazo.

      En la actualidad, mucho se habla de la desvirtuación y de la perdida de significado en la vida democrática de los partidos políticos, ya Raúl Alfonsín nos hablaba de esta cuestión, en su “democracia y consenso” nos planteaba que era casi indefectible enriquecer a los partidos e enriquecerles en el debate de ideas y proyecto, ya que caso contrario los mismos se transformarían en simples cáscaras vacías.

En la actualidad, los partidos caminan por la banquina, los ciudadanos hablan de “candidatos” y nada dicen sobre los partidos, los oficialismos llenan sus locales partidarios de empleados, y la oposición trata de enamorar a los románticos que buscan en sus locales partidarios recuerdos de otros mejores momentos.

Para esbozar una primera aproximación al tema referido en el título, siguiendo a Weber podemos decir que “la empresa política de los partidos es una empresa de grupos de interés”(1), en este orden de ideas Bidart Campos sostenía: “Es bueno que en la sociedad haya corporaciones. Pero no es bueno que haya corporativismo. Es bueno que haya partidos políticos. Pero no es bueno que haya clanes partidarios”(2), por lo tanto este caminar por la banquina, nos lleva a decir que los partidos no pueden en la actualidad expresar el interés común de la sociedad, y que en la mesa chica de los mismos, solo subsisten los intereses corporativos de los clanes partidarios.

Huelga decir que ese vacío, lleva a los mismos a no saber resolver la crisis en las que están imbuidos, la falta de renovación de sus cuadros dirigenciales, falta de vida interna, la resolución de forma judicial de sus conflictos, y la falta de un debate abierto de ideas y proyectos, hacen que en la actualidad, pasadas las recientes elecciones su falta de norte, lleven a desvirtuar cada turno electoral.

El reclamo del año 2001 es igual al del 2011: mayor apertura, participación, renovación y debate, aquí puede estar alguno de las razones por las cuales la sociedad mira hacia otro lado, nuestra democracia no es tan antigua como para pensar que la sociedad tiene apatía hacia los partidos. Veinticinco años de democracia, nos obligan a repensar el diseño de los partidos y como se pueden vivificar.

No podemos permitir que los partidos sean para unos pocos, como bien decía Weber cuando explicaba cómo eran las estructuras de los partidos en Inglaterra, de notables y aristócratas(3), estas instituciones fundamentales del sistema democrático deben producir un cambio a favor de la comunidad.

El profesor Midón observa que “Un lugar común es, desde hace tiempo, hablar de la crisis de la representación. Expresión ésa que en el mundo contemporáneo refiere al fenómeno político jurídico en virtud al cual quienes dicen representarnos no nos representan o nos representan poco”(4). De esta manera podemos aseverar que “Cuando un grupo de afiliados convierte al partido en un clan, y al pluralismo partidario en un corporativismo rígido, queda la sensación maligna de que se antepone el partidismo a la institucionalidad, la cofradía a la membrecía funcional de y en un órgano de poder. Si el descreimiento, la ausencia de credibilidad, y la falta de confianza en las dirigencias es, al día de hoy, un muy mal síntoma para la sociedad democrática”(5), y de estas palabras no podemos dejar de reseñar que el síntoma persiste y que las recientes elecciones profundizan la crisis de los partidos, y el compromiso debe ser de todos los actores sociales en recuperar a la política, y principalmente el resurgimiento de estas instituciones de la democracia.

Entendemos que los partidos políticos son instrumentos necesarios del estado constitucional de derecho, por medio de los cuales se deben formular las políticas públicas y establecer desde ellos una agenda de país, con reglas claras y madures política, la responsabilidad de las autoridades partidarias, de los afiliados deben vivificar a los mismos, y así generar condiciones claras para hacer cada vez mejor el funcionamiento del sistema republicano y federal establecido por nuestra carta fundamental.

(1) Conf. WEBER, Max, “Política y Ciencia”, Ed. Leviatán, Buenos Aires, 1987, p. 40.

(2) Conf. BIDART CAMPOS, Germán J., “El corporativismo de los clanes partidarios”, LL 2003-D, 1456.
 (3) Ver WEBER, op. cit., p. 49.
(4) Conf. MIDON, Mario, “Los débitos de un Congreso ausente”, 19/10/2005, www.laleyonline.com.ar, 07/11/2005.
(5) Conf. BIDART CAMPOS, Germán J., op. cit.