DERECHO CONSTITUCIONAL y POLITICO

Tras la rápida y preocupante suba de casos de infectados por el COVID-19, el 8 de abril último, el Presidente Alberto Fernández firmó un nuevo decreto de necesidad y urgencia (DNU 235/21) que establece restricciones para contener la segunda ola de contagios. Merece nuestra atención preguntarnos acerca del sustento constitucional de dicho decreto,  el cual es, al menos, discutible. Repasemos, entonces, el recorrido de la declaración de emergencia sanitaria desde el inicio de la pandemia para responder este interrogante.   El 23 de diciembre de 2019, a poco tiempo de asumido el nuevo Gobierno, el Congreso de la Nación declaró la emergencia pública y delegó facultades al Poder Ejecutivo (Ley 27.541), tal como lo habilita el artículo 76 de la Constitución Nacional. Tres meses después, en marzo de 2020, con los primeros casos positivos en el país, y una vez que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció el brote epidémico como una pandemia, el DNU 260/20 prorrogó por un año la emer