DERECHO CONSTITUCIONAL y POLITICO

El miércoles 8 de Agosto de 2012, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto conocido popularmente como la “ Ley Conti ”, por la cual se transfieren los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales del Banco Ciudad de Buenos Aires al Nación, desde nuestro punto de vista la misma nace fruto de un vicio en el procedimiento constitucional de sanción de las leyes y en el mismo reglamento interno. L a sesión en la fecha nombrada fue convocada a las 13 hs., una vez que se cumplió con el plazo legal establecido en el Reglamento interno, el oficialismo no había alcanzado el quórum legal [1] necesario para tratar el proyecto.  Conforme lo establece la normativa interna del cuerpo, los integrantes de la Cámara de Diputados tienen un tiempo para poder constituir el quórum y sesionar, así el Art. 26 último párrafo versa: “ Es obligación de los Diputados que hubiesen concurrido, esperar media hora después de la designada para la sesión ”. Cumplid

INTERPONE OBSERVACION. IMPUGNA Al Señor Presidente Comisión de Acuerdo Honorable Senado de la Nación Senador Nacional Dr. Don Marcelo A. H. Guinle A                /                     C Ref. Artículo 123 quater Postulación Abogado Daniel Gustavo Reposo De mi mayor consideración:                                                 DIEGO HERNAN ARMESTO , Abogado, XXXX                                                 Me dirijo a Ud. con el objeto de llevar a cabo la correspondiente observación e impugnación del Candidato a ocupar el cargo de Procurador General de la Nación, del abogado Daniel Gustavo Reposo .                                                  Declaro bajo juramento, no me encuentra comprendido en las causales de recusación contempladas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y que, en consecuencia, esta presentación es objetiva respecto del candidato y que su única intención es contribuir al fortalecimiento de las in

E l candidato oficial a Procurador General de la Nación de Daniel Reposo , hace alardes públicos sobre su compromiso político con el gobierno actual y ese embanderamiento atenta contra la   autonomía funcional, autarquía financiera y plena independencia   que debe guiar al Ministerio Público. Los estrechos lazos políticos que lo ligan al gobierno actual, y admitidos en declaraciones públicas, no significan cuestionar sus antecedentes académicos y profesionales – bastante magros por cierto – pero que deslegitimarían el rol que eventualmente debe cumplir y arrojaría sombras sobre el mismísimo órgano de control. En los debates de la Asamblea C onstituyente   de 1994 se estableció claramente que “ el Ministerio Público no es un ente servicial del Poder Ejecutivo, sino que le toca ejercer discrecionalmente la acción penal y velar por el principio de legalidad y por la recta administración de justicia.    Admitidos esos roles para el Ministerio Público, hay que jerarquizarlo, ubicá

Con respecto a la discusión del BCRA, la transferencia de Subtes y la reestatización de YPF pareciera que no existe ninguna discusión sobre el federalismo, por cuanto hablar de ello, significaría lisa y llanamente desviar la atención y atentar contra el proceso nacional, popular y progresista del gobierno y sus aliados. A nuestro entender, quien suscribe esta afirmación, claramente, desconoce la existencia de la Constitución Nacional, y como en su Art. 1 establece nuestra forma de gobierno y de  “ Estado ” el cual, fue definido por nuestro constituyente originario como  “ Federal ”, y desconoce también la reforma constitucional de 1994, que en el debate previó se afirmaba que la misma era producto de la “ desfederalización ” de la República.   En la actualidad, podemos observar que nada ha cambiado, por cuanto existe una tendencia de dar un mayor robustecimiento al poder central, en contrario al federalismo, es así que debemos levantar al mismo para elevar a su máxima expre