sábado, 17 de septiembre de 2011

LA IMPORTANCIA DE LA DIVISION DE PODERES EN EL PENSAMIENTO DE ESTRADA


Estrada explica la cuestión de la división de poderes desde la visión clásica desarrollada por Aristóteles en “La Política”, así nos habla de monarquía, aristocracia y democracia con sus respectivas desviación y/o deformaciones, reafirmando que tal división perduro en el tiempo sin haber recibido alguna que otra actualización, llegando hasta Montesquieu, quien tampoco mejoro o llevo a cabo una cambio en la doctrina desarrollada, resumiendo toda la discusión de esta cuestión en una disputa de palabras, que una verdadera controversia de ideas.

En lo que respecta a este punto Estrada observaba que puede hacer un desarrollo de todo esto en base a las ideas de Madison, Jefferson en sus notas sobre Virginia y hasta el mismo Montesquieu –ya citado-, subdividiendo las ideas tanto de este último como la de Aristóteles, el primero tiene un valor político y las ideas del segundo su valor es filosófico, llegando a la conclusión que de estos dos pensadores “en cada uno de estos puntos de partida se inicia un raciocinio que conduce a idéntico fin y derrumba las construcciones sofisticas de los Sieyes, de los Roberspierre y de los Césares” (1).

José Manuel Estrada señalaba que “el principio republicano, es la limitación de los poderes de los gobiernos. Esa limitación es esencial. Ello constituye el carácter de un gobierno libre. Un gobierno es liberal en razón de la fuente de donde emanan sus poderes; un gobierno no es liberal en razón de la fuente de donde arrancan sus poderes; un gobierno es liberal en razón de la limitación de la autoridad que desempeña... En el orden político de la República Argentina, esta limitación existe, porque los poderes solo invisten funciones perentoriamente limitadas por la Constitución y divididas entre sí, y porque además las funciones y el papel del Estado está dividido entre diversos elementos...” (2).

Desde la doctrina más destacada, podemos aseverar que tomando distintos puntos de vista y mediante diferentes expresiones arriban definitivamente a lugares comunes. En este sentido Del Valle definía la república diciendo que “es la comunidad política organizada sobre la base de la igualdad de todos los hombres, cuyo gobierno es simple agente del pueblo, elegido por el pueblo de tiempo en tiempo y responsable ante el pueblo de su administración. En el sentido de la Constitución de Estados Unidos y de la Argentina, esta idea general se complementa con la existencia necesaria de tres departamentos de gobierno, limitados y combinados, que desempeñan, por mandato y como agentes del pueblo, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial” (3). Joaquín V. González señalaba “Su esencia es la participación del pueblo en el gobierno legislativo, ejecutivo y judicial. Reconoce como dueños originarios de la soberanía a todos los ciudadanos, pero confía su ejercicio a un número proporcional y libremente designado de los mismos, que deben reunir cualidades especiales calculadas para hacer posible la dirección, régimen, seguridad y prosperidad de los negocios comunes (res publica). El pueblo, sin embargo, conserva toda la soberanía no conferida a sus representantes, los cuales por serlo, se hacen responsables del uso del poder. La responsabilidad, como consecuencia de la representación, es pues, otro carácter esencial de la forma republicana... También del principio democrático y representativo se deduce que el gobierno es temporal, es decir, que dura un tiempo limitado por el mandato o por la buena conducta a juicio de aquellos que representan el poder de juzgar a los funcionarios” (4).

Pudiéndose observar que “hay que distinguir entre el gobierno, propiamente dicho, y la fuente de la cual nace el gobierno. El gobierno es un acto continuo que nace de una facultad inmanente de la sociedad. Importa poco averiguar cuál es el número de personas que tienen parte en el acto continuo que se llama gobierno. La diferencia esencial de los sistemas políticos proviene de la naturaleza de la entidad en que radica la potencia inmanente, de la cual nace el gobierno y a que se da el nombre de soberanía. Así cuando el gobierno reside en un solo hombre es monárquico; cuando reside en un grupo de personas que lo monopoliza como un privilegio hereditario, pero improrrogable de clase a clase, el gobierno es aristocrático; y cuando reside en la nación, como una facultad que pueden ejercer todos o para cuyo ejercicio solo se requiere una habilidad que todos pueden adquirir, el gobierno es democrático” (5), así el autor restablece la clásica división de poderes, pero la intencionalidad de sus palabras era nada más y nada menos que calificar el gobierno argentino.

Tratando de entender las ideas expuestas nada mejor que Alberdi para entender estas palabras de Estrada, ya que resulta fundamental el respeto a la división de poderes, su independencia y la reivindicación constante de la soberanía, por cuanto “la omnipotencia de los poderes hace desaparecer su división e independencia reciproca, y con ella la esencia del gobierno representativo” (6).

En lo que respecta al gobierno, el autor enseñaba que “gobernar es reglar las relaciones sociales de los hombres; luego es de la esencia del gobierno estatuir todo lo conducente a conservar la armonía interna de cada país resguardando los derechos de las personas, y si puede dar reglas, puede obedecerlas (…) El cacicazgo en los pueblos salvajes, el absolutismo real y la prepotencia de las asambleas revolucionarias son ejemplos de los estragos que comporta la concentración de los poderes. Para que el derecho permanezca es necesario que la autoridad sea moderada, y para moderar la autoridad es indispensable dividir los poderes que le pertenecen” (7).

Thomas Jefferson decía: “El despotismo electivo no fue el gobierno por el que nosotros luchamos; nosotros luchamos por un gobierno que no estuviese fundado solo en los principios de la libertad, sino por uno en el que los poderes gubernamentales estuviesen de tal manera divididos y equilibrados entre las diferentes autoridades, que ningún poder pudiese traspasar sus límites legales sin ser eficazmente controlado y restringido por los otros”.

Es notorio que “...la mayor seguridad contra la concentración gradual de los diversos poderes en un solo departamento reside en dotar a los que administran cada departamento de los medios constitucionales y los móviles personales necesarios para resistir las invasiones de los demás” (8).

Nada quita de entender, que la división de poderes no es que cada uno de ellos es un compartimiento estanco y no se relaciona con el otro, ya que “de suerte que si los poderes en que se comporta el gobierno son elementos de una unidad, ellos se relacionan y contrapesan recíprocamente: son distintos, no son independientes. En el caso de la concentración de los poderes, encontramos el despotismo; en el caso de la dispersión hallaríamos el desorden y la esterilidad”(9).

Conclusión

Entendemos que la cuestión de la división de poderes es de mucha actualidad, y que José M. Estrada es un prohombre que marco y llevo adelante una gran obra, desde la tribuna, desde la cátedra y desde la militancia política.

Es por ello, que le rendimos homenaje y lo recordamos en sus palabras, las cuales suenan con más fuerza y resultan necesarias repasarla de vez en cuando.


(1) Conf. ESTRADA, José Manuel, “La política liberal bajo la tiranía de Rosas”, op. cit. p. 167.
(2) Conf. ESTRADA, José M., “Curso de Derecho Constitucional, Federal y Administrativo”, Ed. Cía. Sudamericana de Billetes de Banco, Bs. As., 1895, pág. 203.
(3) Conf. DEL VALLE, Aristóbulo, “Nociones de Derecho Constitucional”, Ed. Imprenta, Papelería y Encuadernación “La Buenos Aires”, Bs. As., 1895, Tº II, pág. 70.
(4) Conf. GONZALEZ, Joaquín V., “Manual de la Constitución Argentina”, Ed. Estrada y Cía., 23º ed., Bs. As., s/f., págs. 266/7.
(5) Conf. ESTRADA, José Manuel, “Curso…”, T. II, op. cit. p. 7
(6) Conf. ALBERDI, Juan Bautista, “Derecho Público Provincial”, Ed. La cultura Argentina, Buenos Aires, 1917, p. 115.
(7) Conf. ESTRADA, José Manuel, “La política liberal…”, op. cit. p. 168.
(8) Conf., HAMILTON, MADISON, JAY, “El Federalista”, LI, Ed. Fondo Económico, México 1987, p. 220.
(9) Conf. ESTRADA, José Manuel, “La política liberal…”, op. cit. p. 169.

sábado, 10 de septiembre de 2011

La abdicación de los parlamentos


Al finalizar el tradicional receso veraniego de los parlamentos europeos, el momento es oportuno para examinar las causas de su debilitamiento.

El primer ministro británico, Tony Blair, no es el único al que acusan de "presidencialismo". El fenómeno se da en toda Europa. El canciller alemán, Gerhard Schršder, afronta la misma acusación en la campaña electoral en curso. Al italiano Silvio Berlusconi, en verdad, ni siquiera le agrada el título de "primer ministro" e insiste en usar el de "presidente" porque, técnicamente, lo es del Consejo de Ministros. Y, por supuesto, Francia es una democracia presidencial.

A muchos el término "presidencialismo" los hace pensar en el régimen constitucional de Estados Unidos; sin embargo, se equivocan quienes sospechen que la tendencia actual es una faceta más de la norteamericanización de Europa. En Estados Unidos, el presidente sólo es un miembro de una tríada de poderes independientes; el Congreso restringe severamente sus facultades porque así lo establece la Constitución. En cambio, los primeros ministros "presidenciales" de Europa son "dictadores electivos", para usar la frase de un lord canciller (es decir, de un ministro de Justicia) británico.

Sirvientes del Ejecutivo

Esto significa, por sobre todo, que ya no toman en serio a los parlamentos. Algunos rara vez asisten a sus sesiones. Cuando se dignan aparecer, son tratados con deferencia. En algunos casos, más que la fuente de la soberanía los parlamentos son los sirvientes del Poder Ejecutivo. Berlusconi ha inducido al Parlamento italiano a aprobar leyes cuyos principales beneficiarios son él mismo y sus intereses comerciales.

Hasta en Westminster, cuna de los parlamentos del mundo, suelen cortar los debates mediante un procedimiento denominado "guillotina", con lo cual leyes importantes, como el actual proyecto de Ley de Asilo, en gran medida quedan sin discutir en la Cámara de los Comunes. La consecuencia absurda de esto es que la Cámara de los Lores, no electiva, se convierte en la verdadera legislatura del país. Todos los gobiernos se han habituado a utilizar una legislación secundaria, constituida por decretos y reglamentos fuera del control parlamentario.

La Unión Europea da un ejemplo particularmente malo en todo esto. Su órgano legislativo es el Consejo de Ministros, que a veces permite que el Parlamento elegido tenga un poco de "coparticipación en la toma de decisiones". Desde luego, el Consejo sesiona a puertas cerradas, lejos de la mirada escrutadora del público.

¿Cómo pudo suceder esto? ¿Cómo se explica la aparente abdicación del Parlamento, la institución central de la democracia? ¿Por qué ha dejado de ser el lugar en que los representantes del pueblo debaten cuestiones importantes y piden cuentas al Poder Ejecutivo? ¿Peligra, acaso, la democracia misma?

Podemos hallar varias razones para el destripamiento de los parlamentos. Una es la globalización. Las decisiones han emigrado de los espacios para los que se eligen los parlamentos. Hoy se toman en lugares remotos y a menudo desconocidos: tal vez, los directorios de empresas, las reuniones privadas entre dirigentes de distintos países o, simplemente, el curso de unos acontecimientos que escapan a todo control. El colapso de la "nueva economía" es un ejemplo de ello pero, curiosamente, también el probable ataque a Irak se decidirá de esa manera. Aunque los parlamentos nacionales intentaran impedir tales hechos, fracasarían.

Otra causa es la separación entre el juego político y la vida e intereses de la mayoría de la gente. En vez de agrupar y representar los intereses de los ciudadanos, los partidos se han transformado en máquinas distribuidoras de poder. El juego entre partidos ha perdido su representatividad. De ahí la nueva tendencia de sus dirigentes a recurrir directamente al pueblo, dejando poco margen al debate. Pueden hacerlo mediante encuestas de opinión y grupos focalizados, o bien con referendos y plebiscitos. En ambos casos, los parlamentos son prescindibles.

NUEVO AUTORITARISMO

El peligro de estos cambios radica en que robustecen una tendencia, ya fuerte, hacia un nuevo autoritarismo. La clase política deviene en una especie de nomenklatura de líderes que prefieren la popularidad al debate. Les resulta embarazoso explicar sus políticas. Para ellos, los parlamentos son un mero depósito, una reserva de aquellos con quienes están dispuestos a compartir el poder.

A medida que los debates razonados van quedando en el camino, los ciudadanos pierden interés por la política. Se ocupan de sus asuntos particulares y se dejan gobernar por quienes estén en el poder. Las elecciones han perdido su encanto, junto con los partidos y los parlamentos. La menguante concurrencia a las urnas así lo demuestra.

La abdicación de los parlamentos es, por sobre todo, una declinación del debate y escrutinio democráticos. Es una tendencia inaceptable para quienes defienden la ley de la libertad. Ya es hora de que los parlamentos se rebelen contra la arrogancia de los que están en el poder y contra la apatía del electorado. En cierto sentido, los europeos necesitamos más presidencialismo, al menos en su correcta acepción norteamericana, que implica la legitimidad independiente del Poder Legislativo y del Ejecutivo, y su igualdad de fuerzas.

Autor Ralf Dahrendorf 

miércoles, 7 de septiembre de 2011

Limites a la extranjerización de la tierra: entre el mito, la discriminación y el negocio encubierto.



De manera reciente, el Poder Ejecutivo Nacional remitió un proyecto de ley que tiene por objeto proteger el dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales. Para ello, estableció como límite a toda titularidad del dominio de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras el 20% del territorio nacional, que en ningún caso los extranjeros de una misma nacionalidad superen el 30 % del porcentual general establecido y que un mismo titular extranjero no pueda exceder las mil hectáreas.

El art. 20 de la Constitución argentina establece que los “extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano” con lo cual “pueden poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos”.

El art. 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que los Estados partes se comprometen a respetar los derechos reconocidos por el Instrumento Internacional (entre los que se encuentra el derecho de propiedad privada conforme lo establece el art. 21) y a garantizar su libre y pleno ejercicio sin discriminación alguna con motivo del origen nacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en la OC-18 que es inadmisible en términos discriminatorios toda exclusión restricción, restricción o privilegio que no sea objetiva y razonable (acápite 84). También sostuvo que el hecho de que el principio de la protección igualitaria y efectiva de la ley y de la no discriminación esté consagrado en numerosos Instrumentos Internacionales, es un reflejo de que existe un deber universal de respetar y garantizar los derechos humanos (acápite 86), y que dicho mandato, es una norma ius cogens (acápite 101). A esto se suma que el uso de las categorías interdictorias como limitantes del sistema de derechos se presumen inconstitucionales (Fallos 332:433) y que las justificaciones de su empleo deben adecuarse al principio de proporcionalidad (Fallos 327:5118).

Varios de los proyectos que tienen estado parlamentario postulan como objetivos y fines constitucionales perseguidos “la protección de zonas de seguridad” o “proveer a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural, cultural y la diversidad biológica” y siempre con cláusulas de residencia habilitantes del pleno ejercicio del derecho de propiedad por parte de los extranjeros. Aún en dichos supuestos, es necesario un debate profundo del cual surjan fundamentos objetivos y razonables que permitan justificar la distinción restrictiva.

El proyecto del PEN no postula ninguna clase de fin constitucional legítimo como justificante de la limitación planteada. Posibilita que un nacional pueda titularizar el derecho de propiedad respecto del 80% de las tierras rurales, mientras que sólo permite que un extranjero pueda ser propietario de un porcentaje comparativo ínfimo. Si los extranjeros titularizan el mismo derecho de propiedad que los nacionales: ¿cuáles son las razones objetivas y razonables que permiten justificar la limitación expuesta?; ¿cuáles son las cualidades morales superiores que ostentan los nacionales respecto de los extranjeros como sujetos democráticos? Iguales interrogantes nos hacíamos cuando se discutía la ley de matrimonio igualitario, solo hay que cambiar orientación sexual por nacionalidad.

Este proyecto lejos está de configurar un límite razonable a la propiedad de la tierra productiva que titularicen nacionales y extranjeros por igual como una suerte de distribución genuina de la riqueza (que en otras épocas se llamaba reforma agraria) en pos de evitar la concentración latifundista desigualitaria. Pero sin embargo bajo la cubierta del “proyecto nacional y popular” que lucha contra los cipayos (como seguramente lo dirán de mi persona) se esconde un fenomenal negocio inmobiliario. Una vez excluidos los demandantes extranjeros respecto del ochenta por ciento de las tierras productivas solamente podrán intentar comprarlas los demandantes nacionales. Igual cantidad de tierra y menos demandantes para poder comprarla genera una disminución fenomenal del precio de venta, lo cual seguramente será usufructuado por los mismos amigos del poder que en la actualidad adquieren todos los activos que pueden como parte de un capitalismo de rapiña basado en el afecto al poder de turno. Esta lúcida operación podría llamarse “Ernesto Che Remata tierras productivas a un precio mucho menor que si pujaran en dicho mercado los demandantes extranjeros”.

Actualmente, en nuestro país el 3,4 % de las tierras agrícolas está en manos extranjeras, lo cual implica un porcentaje que lejos está de significar una “pérdida de soberanía territorial” o un “peligro para la seguridad nacional”. En tiempos de la universalización de los derechos humanos, la idea del extranjero como un enemigo no solo es anacrónica y peligrosa, sino que desconoce como se formó esta nación.

A veces el relato se desdibuja cuando sencillamente se confronta con los apellidos de nuestros abuelos y abuelas.