A nadie debe sorprender lo que está sucediendo en la provincia de Formosa -cuestión que tampoco es ajena a otras provincias-, sino que “la pandemia” generó una mayor exposición pública del régimen de arbitrariedades, autoritarismo, violencia institucional, política y social en el que se sostiene el gobierno de Gildo Insfrán desde hace varias décadas.
Sobrevuela una gran cuota de hipocresía en parte de nuestra clase dirigente respecto a este tema –tanto de uno como de otro lado de las veredas políticas-, pero lo más llamativo es que nuestros diputados y senadores parecen “desconocer” que el Congreso Federal posee la calidad de ser un órgano Self moving and self depending, es decir, es un organismo que se mueve por y depende de sí mismo. Muchos van a decir“el Congreso esta en receso”, pero la respuesta debe ser, cuando está en juego la libertad y los derechos humanos de los argentinos, que las instituciones deben funcionar en toda su plenitud.
Esto significa que el Congreso en sí mismo puede, en situaciones extremas, tomar decisiones sin esperar el permiso del Poder Ejecutivo. A modo de ejemplo: el Cuerpo Legislativo resolvió la crisis del 2001/2002, o en enero de 2010 una comisión especial resolvió la remoción del presidente del BCRA. En este caso en particular, frente al silencio cómplice del Ejecutivo, el Congreso puede, debe y tiene la facultad de autoconvocarse y avanzar sobre esta grave situación de violación de derechos humanos en una provincia argentina.
Ante hechos de esta magnitud, el Congreso está habilitado a dar respuestas como lo expresa nuestro Máximo Tribunal en el fallo “Zavalía” diciendo que “...la autoridad competente para disponer la intervención federal, (...) es precisamente al Congreso de la Nación a quien le corresponde considerar si se configuran los presupuestos que justifican la necesidad de disponer la intervención, a fin de que el Estado federal colabore en el funcionamiento normal de las instituciones locales cuando se ven gravemente perturbadas por las causales que establece la Ley Fundamental”.
La intervención federal es una herramienta extraordinaria y su finalidad es la de garantizar la plena vigencia del sistema representativo republicano y que exista un respeto a los principios, declaraciones y garantías de nuestra Ley Fundamental en todo el territorio nacional. Hoy, es innegable para todos que el gobierno formoseño se ha convertido en un sistema autoritario y con graves violaciones a los derechos humanos, por lo que se hace urgente que el Congreso Federal asuma el rol y la responsabilidad que le otorga la Constitución Nacional y proteja a los miles de compatriotas que están padeciendo la grave situación que atraviesa esa provincia.
Thomas Jefferson decía: “La vieja práctica de los tiranos es usar una parte del pueblo para tener sometida a la otra parte”. Y es por eso que, más allá de los intereses y posicionamientos políticos, o las denuncias ante organismos internacionales como la Comisión IDH o la ONU, nuestro Poder Legislativo tiene las atribuciones suficientes y la oportunidad histórica de asumir el rol que la Constitución Nacional le otorgó y dar la tranquilidad a muchos argentinos que sufren día tras día las limitaciones a sus libertades, abusos y violación a sus derechos humanos.
Publicado en INFOBAE
Comentarios
Publicar un comentario