El candidato oficial a
Procurador General de la Nación de Daniel Reposo, hace alardes públicos sobre
su compromiso político con el gobierno actual y ese embanderamiento atenta
contra la autonomía funcional, autarquía
financiera y plena independencia que
debe guiar al Ministerio Público.
Los
estrechos lazos políticos que lo ligan al gobierno actual, y admitidos en
declaraciones públicas, no significan cuestionar sus antecedentes académicos y
profesionales – bastante magros por cierto – pero que deslegitimarían el rol
que eventualmente debe cumplir y arrojaría sombras sobre el mismísimo órgano de
control.
En
los debates de la Asamblea Constituyente de 1994 se estableció claramente que “el
Ministerio Público no es un ente servicial del Poder Ejecutivo, sino que le
toca ejercer discrecionalmente la acción penal y velar por el principio de
legalidad y por la recta administración de justicia. Admitidos esos roles para el
Ministerio Público, hay que jerarquizarlo, ubicándolo donde debe estar, como
una magistratura autónoma y como un órgano extrapoder”.
Así
la Constitución señala que el Ministerio Público debe ser un órgano
independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, por tal motivo, calidad institucional,
significa también pensar en los hombres y nombres de quienes van a ocupar tal
investidura.
En éste marco “el día 12 de abril de 2012” , el Abogado Daniel
Gustavo Reposo, en una entrevista publicada por el periodista Agustín Álvarez
Rey del Diario “Tiempo Argentino” expreso que “YO SOY UN HOMBRE DE LA PRESIDENTA”, dicha entrevista al
actual titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) le concedió al
programa “Tardes bárbaras”, que se emite por Radio América y fue publicada en
el nombrado medio.
Esas
declaraciones no hacen mas que desnudar cuales son las reales intenciones de
Reposo y el gobierno, las cuales deberían ser suficiente causal para anular su
candidatura. El Procurador General no pertenece a nadie del gobierno, y tampoco
debe defender el “proyecto” o el “modelo”, éste sólo debe estar
preocupado por la promoción de la actuación de la Justicia en defensa de la
legalidad, y de los intereses generales de toda la sociedad.
El Procurador General no solo debe ser “independiente”
y tener “plena autonomía funcional” sino que por lo menos debe
parecerlo, como dijo la Senadora Fernández de Kichner en oportunidad del debate
sobre la Ley del Ministerio Público: “…Simplemente significa
revalorizar que en la democracia la imagen y la forma también son importantes”.
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